16 nov

#InvertirEnLaGente Proposición de Ley que modifique la regla de gasto

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Nuestra propuesta

Presentamos una Proposición de Ley que modifique la regla de gasto para permitir a los ayuntamientos que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con el periodo máximo de pago de la deuda comercial, reinvertir su superávit fiscal para garantizar la prestación de los servicios públicos a su ciudadanía.

La modificación permitiría eximir del cumplimiento de la regla de gasto a los municipios que tengan superávit o equilibrio presupuestario, un nivel de endeudamiento inferior al 110% y un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días.

Además, proponemos eliminar la obligatoriedad de destinar los ingresos por encima de lo previsto al pago de la deuda. En el caso de los ayuntamientos la deuda ya se encuentra ya por debajo del objetivo establecido.

También pedimos el fin de medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso, algo de especial relevancia después de la totalmente injustificada intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid que acaba de llevar a cabo el Ministerio de Hacienda.

Justificación de nuestra propuesta

  • Las entidades locales ya cumplen con la prohibición de incurrir en déficit al presentar un superávit presupuestario del 0,7% del PIB.
  • Los ayuntamientos ya cumplen con el límite de deuda del 3% del PIB.
  • Muchos de los ayuntamientos cumplen con el periodo máximo de pago a proveedores establecido por la Ley de Lucha contra la Morosidad (de 30 días para el sector público).
  • Es necesario hacer converger el marco de aplicación de la regla de gasto con el del resto de la UE.
  • Es necesario equilibrar el esfuerzo de consolidación presupuestaria entre las distintas administraciones públicas.
  • Existen múltiples necesidades económicas y sociales que pueden ser cubiertas por los municipios en el desarrollo de sus competencias.

 

El injustificado marco del artículo 135 y la LOEPSF

  • La política de austeridad con el pacto del 135 entre PSOE y PP limita la soberanía de los países y convierte en papel mojado la autonomía política de comunidades y municipios.
  • La reforma del artículo 135 de la Constitución y la aprobación de la LOEPSF (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) han priorizado el pago de la deuda por encima de las necesidades básicas de la población.
  • Mientras se “apretaba el cinturón” a la población, se rescataba a los bancos con 60.000 millones que ya se dan por perdidos
  • Mientras tanto, la reforma del 135 y la aprobación de la LOEPSF no explican la reducción de la prima de riesgo. Por el contrario, dicha reducción sólo ha sido posible gracias a la reorientación de la política monetaria del Banco Central Europeo a partir de julio de 2012.

 

El sinsentido de la regla de gasto

  • La “regla de gasto” está restringiendo la actuación de las Corporaciones Locales, a pesar de que presentan importantes superávit presupuestarios.
  • La utilización de medidas coercitivas, como la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid,  suponen una flagrante limitación de la autonomía de los municipios.
  • La regla de gasto es un sinsentido porque:
  • Limita el gasto y la  inversión de los ayuntamientos por debajo de una tasa de referencia del PIB que es inexacta y volátil.
  • Implica una pérdida continuada de peso del gasto público en relación al PIB y un obstáculo para asegurar el necesitado incremento del gasto público social, en un contexto de infradesarrollo del Estado de Bienestar español.
  • Supone un agravio comparativo respecto a la exigencia de consolidación fiscal en comparación con la Administración Central, ya que, en la práctica, se aplica independientemente respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria.
  • Mientras que a las Corporaciones Locales se las evalúa y se controla su cumplimiento de la regla, la Administración Central está exenta de justificar su cumplimiento. De hecho, la Administración Central la ha incumplido todos los años y no ha sufrido ninguna medida correctiva ni coercitiva.
  • No sólo eso, sino que se excluye a las Corporaciones Locales de la posibilidad de incurrir en déficit en situaciones extraordinarias, a diferencia de la Administración Central, que sigue presentándolos cada año (de un 3,1% del PIB en 2017).
  • La propia Airef, entidad creada a instancias del desarrollo del art. 135 de la Constitución y encargada de supervisar el cumplimiento de los objetivos de déficit y la estabilidad presupuestaria, se ha declarado “incapaz de evaluar la regla de gasto” y ha reclamado su reforma para aplicarla como hacen otros países de Europa.
  • Tal y como explica la AIReF, en el resto de la UE la regla de gasto se aplica al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una de ellas por separado, como en nuestro caso.
  • Mas aún, en el resto de la UE la regla no se aplica mientras el país tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo, como es nuestro caso.
  • Por último, en el resto de la UE la regla es un indicador del objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo y su incumplimiento no conlleva sanciones, a diferencia de nuestro caso.
  • Consecuencias de la regla de gasto:
  • El extremo esfuerzo de consolidación fiscal realizado por las Corporaciones Locales es el que ha hecho posible el cumplimiento de los objetivos de déficit, a pesar de sus niveles de gasto y deuda son sustancialmente inferiores a los del conjunto del Estado: 5,7% de gasto público local en relación al PIB vs. 42,4% de gasto público total y 2,9% de deuda local sobre el PIB vs. 99,4% de total de deuda pública.
  • Esa desproporción en el esfuerzo de consolidación fiscal se ha convertido en estructural: Exigencia de equilibrio presupuestario para los entes locales en 2018 y 2019 vs. déficit del 0,8% y el 0,3% para la Administración Central.
  • De este modo, se ha ampliado el diferencial en el saldo presupuestario que mantienen las Corporaciones Locales españolas en comparación con las del promedio de la UE-28: 0,5% del PIB en el caso español vs. 0,1% en la media europea.

 

El contexto actual

La prórroga de los PGE de 2017, debido a la nefasta gestión del Gobierno, perjudica particularmente a las CCAA y a los Ayuntamientos, dado que con el Partido Popular la mayor parte de los recortes han recaído sobre estas administraciones.

En ese contexto el Ministerio de Hacienda ha extendido su nefasta gestión con su injustificada intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, una intromisión que no tiene ningún sustento económico y, ni siquiera, jurídico. El Gobierno del PP se opone a mejorar Madrid. Es inaceptable que se use de forma arbitraria la ley contra adversarios políticos.

El Ayuntamiento de Madrid ha registrado importantes superávits y ha reducido ya un 40% la losa de la deuda que dejó el gobierno del PP, incrementando al mismo tiempo el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%. Por lo tanto, lo  único que busca la intervención es evitar que casos exitosos de gestión fiscal alternativa, que están demostrando que se puede poner la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos, se conviertan en ejemplo a seguir por el resto de administraciones.

 

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